Epistemología de un nuevo derecho

2006-09-02T16:04:00.000-07:00

Por: Abraham Katime

La más tradicional, emblemática, aferrada y dogmática división del derecho enseña que existen dos sistemas jurídicos: el público y el privado. En el primer sistema se agrupan las normas y demás fuentes de derecho, que regulan las relaciones entre los particulares y el Estado; y en el segundo, es decir, el sistema privado, se congrega el orden jurídico que disciplina las relaciones de los particulares entre sí. De suyo resulta que la antinomia público – privado en reiteradas ocasiones se ha enjuiciado al considerarse insuficiente para resolver con claridad aquellas problemas jurídicos que se ubican en un espacio intermedio entre la tan apreciada autonomía de la voluntad y la a veces temida potestad estatal.

El auge, la expansión y creciente institucionalización de organizaciones no lucrativas en todo el mundo le proponen a la bipolar clasificación del derecho un reto mayúsculo, por cuanto, en general estas organizaciones, enmascaran un tipo de relación que no es ni eminentemente pública, ni eminentemente privada. Es más, es muy común que las leyes que la regulan y la doctrina que la interpreta, las considere definir como organizaciones de origen privado con finalidades sociales, económicas, ambientales o culturales, o mejor, con fines públicos.

Dicha indagación supone contemplar las siguientes hipótesis:

· Rama jurídica que irrumpe la antinomia público – privado;

· Sección especializada del conocimiento jurídico que influye las relaciones de los particulares entre sí, y la de estos con el estado, en diferentes grados y ordenes;

· Conjunto de normas que cruzan transversalmente todo el ordenamiento jurídico, pero sin encontrar un recipiente que le permita alcanzar mediana sectorización;

· Discurso jurídico especializado para explicar todo lo concerniente con las organizaciones solidarias y sus relaciones con todos los sujetos de derecho.

Cualquiera que sea el puerto donde nos lleve esta aventura, de seguro que las reflexiones que surjan, contribuirán en el corto, mediano y largo plazo al entendimiento de las modernas prácticas solidarias y su consecuente institucionalización.

Derecho Solidario: pertinente, necesario?

2005-11-09T08:06:00.000-08:00

Por: Abraham Katime

Dentro del campo relativo al régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas que no pertenecen al sector público ni al sector privado lucrativo se encuentran un conjunto muy variado de organizaciones que tienen un origen en la autonomía privada de la voluntad y que a la vez cumplen fines públicos y sociales.

A nivel internacional se han creado una serie de teorías para explicar el desarrollo creciente de estas organizaciones, que cada día conquistan una mayor participación en el producto interno bruto de las naciones del orbe, las cuales en síntesis, coinciden en que la efervecencia en las últimas décadas de este nivel de asociatividad coincide con el fracaso del Estado en el cumplimiento de ciertas funciones públicas y metas de bienestar.

Por la compleja naturaleza de estas organizaciones, su caracterización es un tema de profunda discusión por los teóricos, porque de la descripción, definición y límites de dichas categorías se desprende el tratamiento jurídico que se le otorgue a las mismas.

Por ejemplo, en el caso colombiano nuestro Cdigo Civil contiene una clasificación de las personas jurídicas entre públicas y privadas. Ha estas últimas las subclasifica en dos grupos: Corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

En la época en que es redactado el Código Civil las cooperativas y las empresas de economía solidaría en general, eran formas asociativas inexistentes a nivel nacional; y en el campo internacional, a penas surgían tímidamente. Una vez son reconocidas por nuestra legislación, la doctrina, en primera instancia, las ubica dentro de la categoría de corporación o asociación.

Sin embargo, el régimen legal aplicable no se agota simplemente con las normas que regulan las corporaciones contenidas en la legislación civil; por el contrario, la creciente y común práctica de remisión normativa, ha comenzado a crear una serie de conflictos de identidad. En primer lugar porque el legislador, particularmente desde el año de 1.931, al especializar la normatividad que debía regular la creación, funcionamiento y liquidación de estas organizaciones, encontró necesario realizar remisiones principalmente hacia al código civil, al código de comercio y al régimen laboral. En segundo lugar porque la aparición de formas asociativas distintas del cooperativismo, sobrepasaron la estructura y los principios inicialmente concebidos en la ley 79 de 1988, y a pesar de esta circunstancia la ley 454 de 1998 que pretendió convertirse en todo un régimen normativo para dar coherencia al sistema económico solidario, replicó los mismos criterios de la ley 79, generando profundas inconsistencias conceptuales. En tercer lugar, porque es cada día más frecuente que entidades sin ánimo de lucro se dediquen a cumplir fines públicos y sociales que hace unas décadas eran perseguidos exclusivamente por el Estado, replanteando con ello las relaciones jurídicas entre la sociedad y el Estado. En cuarto lugar porque nuestra doctrina nacional ha identificado alrededor de 45 entidades sin ánimo de lucro, que comparten muchas características entre sí pero que se rigen por un conjunto disperso de normas que dificulta la labor del interprete y juzgador.

En este contexto, resulta consecuente revisar la pertinencia de avanzar hacia la construcción de un régimen jurídico que regule todo o parte del conjunto de entidades que no son ni propiamente públicas ni propiamente privadas, pero que tiene un origen en la iniciativa voluntaria de las personas y que pretenden perseguir objetivos afines a la estructura administrativa del Estado.